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PLANA MAYOR: Cofradía: Abdalá, protección y caída

Gaudencio García Rivera

El entramado avieso del Duartegate, el más escandaloso de Veracruz y el país, por todas las connotaciones que ello implica, fue soslayado, tolerado y encubierto por el Estado mexicano. Pero no fue el único.
No es justificación para el maltrecho estado de derecho que la autoridad investigadora —PGR, hoy FGR—, no haya sometido a más de una docena de gobernadores en su momento, de todos los colores partidistas, liderados por Javier Duarte, que erigidos en viles y ruines bucaneros saquearon las arcas de sus estados.
Crímenes, violencia, corrupción e impunidad fueron propiciados y tolerados por el Estado mexicano priista —una especie de monarca, feudalista o dictador de facto—, sus peones, los gobernadores, y sus alfiles, los senadores, diputados federales y alcaldes. ¡Que abominación!
Les importó un bledo el debilitado y socavado estado de derecho porque se confabularon con el crimen organizado, ejecutado por el presidente priista en turno —aún no se puede analizar el Estado de la 4T porque todavía no hay resultados macros— y los gobernadores.
Se entiende el comportamiento falaz, ruin, sarcástico y desafiante en la gloria y en caída del infierno de Javier Duarte. Sabía, aunque no como sabio, sino zorrunamente que contaba con la aureola presidencial para desviar los dineros públicos federales con empresas ‘fantasma’ que creó a exprofeso con su cofradía que lo acompañó en el sexenio de la ‘prosperidad’ 2010/16 —su bandera oficial—, su prosperidad.
El orondo exgobernador priista, discípulo de Fidel Herrera —otro truhan que ha gozado del manto oficial de la fiscalía general y del gobernador morenista, por una deuda pública no soportada de más de 25 mil millones de pesos—, no temía los exhortos y reclamos recurrentes que le hacía la Auditoria Superior de la Federación por desaparecer los dineros etiquetados.
No le preocupó ni por asomo que la PGR—hoy FGR— le fuera acumulando los expedientes de las denuncias de la ASF, o las acusaciones mediáticas de los diversos sectores de la sociedad civil, porque sólo le bastaba llamar al teléfono rojo de Los Pinos para atemperar, o en el mejor de los casos, archivar las carpetas.
No hay ingenuidad. Había complicidad aviesa y, ésta se traslucía desde Los Pinos, su principal huésped se desvivía en elogios con los jóvenes gobernadores del “cambio”. A Javier Duarte nunca le interesó la pobreza extrema, la desnutrición y la salud de los marginados y proletariados.
Y mucho menos a su privilegiada cofradía duartista que vivían como jeques. Vicente Benítez González, Juan Manuel del Castillo, Erick Lagos Hernández, Jorge Carvallo Delfín, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Noemí Guzmán Lagunes, Alberto Silva Ramos y Antonio Tarek Abdalá Saad, forman parte de la burbuja oficial que aún no pisa la cárcel por pactos o acuerdos en los drenajes del poder público.
La otra extensión de la cofradía que fue privada de su libertad, encabezado por Arturo Bermúdez Zurita, Luis Ángel Bravo Contreras, Gina María Domínguez Colio y Mauricio Audirac Álvarez, entre otros duartistas, por pésima integración de las carpetas del juez de control, obtuvo su libertad bajo fianza.
Y están en espera de obtener la absolución de los cargos del juez de control, como ya ocurrió con el exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado. Pero la historia de este affaire de complicidades abyectas que dejó a Veracruz en estado de bancarrota, nos remite a los dichos de unos de los principales personajes del Duartegate, Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero general de la Sefiplan.
La conspiración oficial para saquear los dineros públicos del gobierno estatal, desde principio y al final del régimen, contó con la férula presidencial pues no se explica singular impunidad, criminal y tolerancia para vaciar las arcas del Gobierno del Estado. Fue un “golpe” bien planeado. 
Antonio Tarek, ahijado de Javier Duarte, contó hasta el último día de la gestión presidencial de EPN del manto de protección al concederle la PGR inmunidad oficial con la figura de “criterio de oportunidad”, para que actúe como soplón y cuente cómo utilizó el exgóber la red bancaria para desviar 55 mil millones de pesos.
El extesorero general, de acuerdo con las figura legal que se le concedió y que consta en las carpetas de investigación FED/SEIDF/UNAI-VER/0001740/2016 y FED/SEIDF/UNAI-VER/0000872/2017, evadió ya dos citas que tenía con un juez federal. ¿Evadirá la tercera? ¿Es la crónica de una caída anunciada al infierno?
Lo grave de esta conjura criminal es que el góber Cuitláhuc García mantiene un silencio, sinónimo de complicidad, ante uno de los peores saqueos de la historia que cometió Javier Duarte y su horda. ¡No tuvieron piedad! ¡Que la justicia se apiade de ellos!

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